Por Karina González

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Han transcurrido 730 días desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero en México.

Durante este tiempo se han ventilado las deficiencias de un sistema judicial que en ese momento está siendo dirigido por Jesús Murillo Karam, quién es recordado por su emblemático mensaje a los mexicanos bajo el título “Ya Me Cansé”, haciendo referencia su “inacabable búsqueda”, la cual fue respaldada por la ineptitud del presidente Enrique Peña Nieto, quien sigue sin responder a las preguntas y se la pasa pidiendo al pueblo mexicano que se “supere el hecho” y repite sin cesar “se hace lo mejor que se puede”.

Durante estos dos años hemos visto como se han descubierto decenas de bolsas con restos oseos que no sólo no responden a la pregunta de ¿Dónde están los 43? Si no que nos generan más cuestionantes; ¿de quiénes son esos restos? ¿Quiénes son esos muertos que México tiene sembrados en sus tierras?

Desde el sexenio de Felipe Calderón y su “guerra contra las drogas” en México van más de 60,000 muertos y 26,121 desaparecidos, cifras a las cuales Peña Nieto continua sumando.

Ayotzinapa se convirtió en un movimiento, una lucha que exige justicia y unificó a un país, a Latinoamérica y al mundo entero bajo la consigan #AyotziVive #TodosSomosAyotzinapa. El mundo tomo las calles y sigue gritando sus nombres exigiendo la presentación de 42 de los 43 estudiantes, ya que el año pasado se identificó el cuerpo sin vida de Alexander Mora.

La Procuraduría General de la República (PGR) en su “Informe del Caso Iguala” mencionó 650 operaciones que ha implementado para hallar vivos o muertos a los normalistas en decenas de poblaciones y montañas de por lo menos 38 municipios de Guerrero, resultado de estas acciones; un normalista identificado, 42 desaparecidos y ninguna pistas.

El Gobierno de Peña Nieto sigue siendo ineficiente ante las exigencias de los padres y familiares de las víctimas, y acusa a los narcotraficantes “Guerreros Unidos”, de haber ordenado a los policías atacar a los normalistas, que habían llegado a Iguala para interceptar autobuses de pasajeros y poder viajar a una protesta a la Ciudad de México.

El hecho colocó a Guerrero en una zona de foco rojo en donde el ejercito tomó las calles y llenó de miedo a las comunidades y barrios. Los que quieren ir a Ayotzinapa tienen que pasar por una serie de revisiones por parte de militares, interrogatorios policiacos y no se tiene acceso a la comunidad al menos que se conozca a un habitante de la zona que le acompañe todo el tiempo.

El miedo ha callado algunos pobladores pero les ha dado valor a algunos otros que comentan sus testimonios sobre pistoleros que rondan calles, cobran extorsiones o secuestran gente, viendo está circunstancia como una cotidianidad en la vida de sus habitantes.

En Guerrero hay 67 asesinatos por cada 100.000 habitantes desde el 2015, el equivalente a cuatro veces la media del país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pero este no es un tema que trate el gobierno, de hecho en el informe anual de Peña Nieto, dejó de existir por completo el tema de inseguridad y violencia que se vive en la costa del país.

Registros del caso hasta el mes de junio, muestran la captura de 130 presuntos criminales y policías de Iguala y Cocula implicados en la desaparición de los normalistas, y se dan nombres de 38 sospechosos que están en investigación. La policía a encontrado a más de 150 personas “involucradas” en este caso pero no puede decir hasta el día de hoy dónde están los 43 estudiantes. La única respuesta es que el Caso Ayotzinapa es un Crimen de Estado, el cual deja en evidencia a Peña Nieto y su sistema burocrático que no quiere que salga a la luz la realidad de los hechos y mantienen como un juego la duda y desesperación del pueblo mexicano.

Fue el Estado

El claro ejemplo de que Ayotzinapa es una decisión política del PRI y sus dirigentes en el poder es la renuncia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes afirmaron que el gobierno hizo diligencias y no las incorporó al informe que se les entregó para hacer el trabajo de investigación.

GIEI documentó que hubo 17 casos de tortura contra detenidos por lo cual presentó 22 recomendaciones al Estado mexicano relacionadas con la búsqueda y las investigaciones del “Caso Iguala” así, como el respeto a los familiares de los 43 normalistas para evitar su revictimización.

El grupo de expertos conformado por Ángela Buitrago, Claudia Paz, Francisco Cox, Carlos Beristáin y Alejandro Valencia pidió la disminución de la burocracia en las indagatorias, la cual había obstruido la comunicación y ayudo a filtrar detalles de las victimas a través de los medios.

Solicitaron evitar las violaciones de derechos humanos así como evitar la fragmentación de los procesos, lo que los llevó a cuestionar públicamente a la PGR por la realización de una diligencia con declarante en el Río San Juan que no se encuentra dentro del expediente, la cual se efectuó el 28 de octubre de 2014, un día antes del primer peritaje oficial para la búsqueda de restos de los 43, inhabilitando completamente la zona por lo que denunciaron que su trabajo en México fue obstaculizado por las autoridades y coincidieron en desestimar totalmente la “verdad histórica” de que el 26 de septiembre en el basurero de Cocula, Guerrero se habían incineraron a los 43 estudiantes.
Una “verdad histórica” inexistente

Murillo Karam a través de una rueda de prensa informó al pueblo mexicano que la “verdad histórica” de la desaparición de los 43, se encontraba en un basurero de Cocula, Guerrero. Declaró que los policías municipales entregaron a los estudiantes al cártel narcotraficante “Guerreros Unidos”, el cual los había matado e incineró en el basurero para después arrojar sus cenizas a un río.

El GIEI rechazó está conclusión. Un experto en manejo de fuego dijo que para quemar los 43 cuerpos, se habrían necesitado cerca de 60 toneladas de madera y neumáticos, y no hay evidencia de que haya habido un fuego masivo en el basurero. Por lo que siguió en el aire la pregunta ¿Los estudiantes están vivos?

La PGR continuó defendiendo su historia y utilizaba el titular de “verdad histórica” para que se diera por cerrada la investigación. Los restos del único estudiante que ha sido identificado, Alexander Mora, fueron hallados en el fondo de un río lejos del basurero.

Las dudas de porque la existencia de un quinto autobús que fue retenido por los estudiantes nunca fue incluida en la investigación oficial, deja mucho huecos y sospechas ya que ese puede ser un elemento clave del caso, pero sigue sin ser incluida en la averiguación

Otra pregunta que se le puede lanzar al gobierno de Enrique Peña Nieto al vender esta “verdad histórica” es ¿cuál fue exactamente el papel que jugaron los militares y la policía federal aquella noche?, ¿dónde están esos elementos que se supone que están para proteger y salvaguardar a la población? Ante eso el gobierno responde con opresión y violencia a las protestas que han continua sin parar en todo el país, el gobierno utiliza a la delincuencia organizada para intentar frenar las movilizaciones, sembrar el terror y evitar así que los ciudadano sigamos tomando las calles, sigamos haciendo el pase de lista y gritando cada uno de los nombres de los compañeros normalistas.

Sigamos en las calles

Hasta el día de hoy seguimos sin saber el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sin embargo, México se mantiene en la lucha. A pesar de una ausente política de izquierda, el movimiento puede ser el más grande que ha movilizado el país. La toma de las calles, la presencias de los padres y familiares de los desaparecidos en otros países, el lanzamiento de libros y documentales sobre los hechos, llevan a Ayotzinapa a el centro de análisis sociopolítico de un país que libró una independencia, una revolución pero que se contiene de tumbar del poder a un genocida como Peña Nieto.

Ayotzinapa es el ejemplo claro de la unificación de las diferentes luchas en un mismo movimiento. Colocó una exigencia en la voz de trabajadores, estudiantes, feministas, docentes y hasta la comunidad LGBTTTI, puso la base para empezar a generar una nueva política y una visión distinta a la que se maneja en la actual política mexicana. Es el momento de implantar una política de izquierda que sea dirigida por los de abajo y que derrote a la burguesía que mata, tortura y violenta a la sociedad mexicana.

Desde Las Rojas México y la Corriente Socialismo o Barbarie exigimos no parar ni agotar ningún recurso hasta dar con la ubicación de los 43. Exclamamos y sostenemos que la responsabilidad es del Estado, que debe caer la política de omisión, desinterés, genocida y de solapamiento de Enrique Peña Nieto y su relación con el narcotráfico. Llamamos a una reestructuración de los partidos políticos y la eliminación de las dependencias políticas corruptas que encubren a los responsables del “Caso Iguala”. Este crimen de Estado no puede quedar impune e invitamos al pueblo mexicano y la sociedad en general a seguir tomando las calles con estas exigencias y no guardar silencio. Que se escuche fuerte el clamor de #AyotziVivi por que la lucha sigue.